La semana pasada mi esposo y yo, tuvimos la oportunidad de vivir nuestra complementariedad andina en la Universidad de Stanford, California. Esta situación poco común se dio en ocasión de la conferencia “Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en América Latina”, organizada por el prestigioso Centro de Desarrollo, Democracia y Estado de Derecho, donde compartimos el podio para disertar sobre temas que parecieran estar fuera de la agenda pública en nuestro país.
A menudo perdidos en temas de coyuntura, de crisis y fracasos, prestamos poca atención a las demandas y reclamos de los pueblos indígenas en el mundo, los cuales, sin embargo, son considerados por muchas instituciones como derechos fundamentales que las democracias tenemos que legislar e implementar.
Pocas veces relacionamos el tema de los derechos humanos de las poblaciones originarias del planeta (más de 700 millones de personas), con la preservación de su medio ambiente, y el derecho a decidir sobre su orientación en materia económica.
La OIT, entre otros organismos, considera que los pueblos originarios han adquirido derechos históricos sobre su territorialidad y los recursos que yacen allí. El tema en debate sigue relacionado con los derechos adquiridos sobre recursos que se encuentran en la superficie y/o en el sub-suelo donde habitan las poblaciones indígenas.
Sin embargo, los cuestionamientos hechos por los pueblos originarios, a la ética corporativa y empresarial contemporáneas, son cada día más relevantes y se relacionan con aquellos formulados por los ciudadanos de “Occupy Wall Street” y los “Indignados”. Estos reclamos forman parte, por ende, de las preocupaciones globales de nuestras sociedades.
“Bagua”, “Conga” y muchos más conflictos de esta naturaleza fermentando en la mayoría de los departamentos del Perú, no son fenómenos aislados, producto de unos cuantos “disidentes” o “radicales” como se nos quiere hacer creer.
Tampoco se trata de rechazar las inversiones que podrían eventualmente generar beneficios para el crecimiento de los pueblos; de lo que se trata es de hacer un esfuerzo por compartir visiones sobre nuestro desarrollo nacional.
Es un hecho que la mayor parte de los recursos que contribuyen al crecimiento de nuestro PBI se encuentran en territorios ya habitados o titulados a poblaciones indígenas/campesinas/nativas, y que estas, no reciben sino escasos o nulos recursos de un proceso de extracción que a la larga contribuirá a su extinción, y a la nuestra también.
Mucho podríamos beneficiarnos todos, como Nación, de la perspectiva humanista y holística que tienen los Pueblos sobre los derechos de la Madre Tierra aceptados por las Naciones Unidas.
¿Es que no hemos aprendido nada de las lecciones de la Historia –codicia, expoliación de recursos–, desde los tiempos de Atahuallpa? ¿Qué pasará dentro de una década con nuestra producción de agua, de alimentos, con nuestra extraordinaria variedad biológica, hoy día en serio peligro si sólo nos guía una lógica extractiva y rentista? ¿Por qué el Estado no asume de una vez la necesidad de articular políticas públicas coherentes que regulen los derechos y obligaciones de las empresas extractivas en pleno siglo XXI, con tecnología amigable disponible y respetando el medio ambiente?
Mientras estos temas se debaten públicamente en el mundo, en nuestro país parece instalarse una política contraria, de no diálogo y de reducción de los espacios gubernamentales para hacerlo. La institucionalidad Indígena ha sido reducida a su más mínima expresión, con el manipuleo degradante del INDEPA. El Gobierno del Perro del hortelano desmanteló todo aquello que olía a representatividad de la sociedad civil, y el Gobierno actual le teme a todo lo que significa la construcción de consensos en una población tan diversa como la nuestra.
Después del fracaso de la reglamentación de la ley de consulta previa y la obvia manipulación de una institución (INDEPA) que debía servir para articular nuestros puntos de vista y formas de concebir el desarrollo, tenemos el derecho de preguntarle al gobierno hasta dónde planea permitir el despojo del Perú, y cuándo empezará a interesarse por el bienestar de los millones de ciudadanos indígenas que lo respaldaron en las urnas y que hoy empiezan a sentirse traicionados.
