Una visibilidad siempre negada

La historia de la institucionalidad indígena en nuestro país es compleja y por momentos, insólita. Refleja todavía un proceso de indecisión hacia el rol y justo lugar del ser indígena dentro de nuestra sociedad. La historia del INDEPA, reconstruida aquí a grandes rasgos, es bastante representativa de este proceso de no inclusión en el desarrollo de elaboración de políticas públicas que deberían velar por la protección y empoderamiento de una población significativa en términos demográficos dentro de nuestra nación.

Si bien los datos del censo socio-demográfico de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en el 2007, identifican a 6.5 millones de personas con identidad indígena, estos pueblos organizados son todavía tratados como si fueran minorías pasivas trasladadas, literalmente, de un sótano de un ministerio a otro. Allí encontramos el 2001 la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas (la SETAI), refundida dentro del PROMUDEH.

Esta secretaría, implementada durante el régimen fujimorista, estaba, en 1998, en el sótano del Ministerio de la Mujer. Era muy revelador y simbólico encontrar la manera cómo el Estado trataba los asuntos indígenas. En realidad, a lo largo de toda la República, no hubo una política clara de tratamiento de este tema. En 1921, una secretaría similar estaba en el Ministerio de Fomento, luego pasó al Ministerio de Salud para finalmente recaer en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Recién en 1981, se creó el Instituto Indigenista Peruano como Organismo Público Descentralizado (OPD), adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción Social.

Construir una instancia representativa con el aporte colectivo de los Pueblos no fue tarea fácil, tampoco lo fue extraerlos del sótano donde se encontraban. En el 2001, se creó la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPAA), adscrita a la PCM, como mesa de diálogo y prevención de conflictos con representación paritaria de representantes indígenas y delegados de todos los ministerios. Con el fin de lograr mayor empoderamiento y participación en los procesos de decisión del Estado, se creó en el 2005, a iniciativa y propuesta del Ejecutivo, el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), como OPD, adscrito a la PCM.

El INDEPA tenía entonces la facultad de participar de los consejos de ministros cada vez que se trataba de asuntos relacionados a su territorialidad, identidad, recursos, conocimientos, educación intercultural y salud. Pero este logro obtenido gracias a la voluntad decidida de los Pueblos y del Estado, fue de muy corta duración. Apenas instalado el gobierno aprista, el INDEPA se disolvió (por fusión y absorción) para regresar en forma irónica, al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). En el 2007, los Pueblos Indígenas y sus representantes exigieron regresar a una OPD, y presentaron su queja al Congreso. En el 2008 el INDEPA se restituyó con este estatus legal, pero como entidad adscrita otra vez al MIMDES. Desde esta fecha, el INDEPA pierde fuerza institucional y presencia dentro del aparato estatal, a tal punto que no fueron consultados durante la elaboración del centenar de leyes especiales promulgadas desde el Ejecutivo con el propósito de impulsar el proceso de concesión de tierras en la Amazonía para promover proyectos extractivos petroleros y gasíferos.

Los eventos de Bagua en el 2009, provocados en gran parte por la carencia de consulta y diálogo sobre la validez de estas leyes especiales, obligaron al Estado a volver a pensar sobre el rol del INDEPA, y en el 2010, esta entidad regresa a la PCM como Organismo Publico Técnico Especializado.

Meses después, con la creación del Ministerio de Cultura, el INDEPA dejó de existir con estas funciones y es otra vez “absorbido”, esta vez como Unidad Ejecutora, dentro del Viceministerio de Interculturalidad recién creado. Hoy día el INDEPA debería ser la entidad enlace entre el Estado y las leyes suscritas con los organismos internacionales entre otras funciones. También, debería de monitorear la implementación de la ley de consulta previa e implementar un registro/padrón de comunidades comprendidas dentro de la ley de consulta. Todas estas funciones son imposibles de realizar dentro de los recursos y capacidades que les han sido asignados.

La institucionalidad indígena es inexistente y el Estado peruano no cumple con sus obligaciones claramente tipificadas en el convenio de la OIT. El Estado moderno que aspiramos debe terminar de colocar una instancia especializada como ésta en un lugar mucho más visible que un sótano.

Eliane Karp - Antropóloga. Profesora PUCP.

FUENTE: Diario La República

Artículo publicado en el Diario La República, p.x, Lima, 14 de Junio de 2012.

Estado y conflictividad social: ¿el modelo se repite?

Existen varias formas de interpretar al “otro” en una sociedad multicultural: el “otro” en general es todo aquello que se ve o habla diferentemente de la cultura dominante. El “otro”, desde una visión colonial, es aquel ser primitivo, violento, que no entiende la bondades de la civilización traída por el colonizador. Es la voz discrepante del sistema que se trata de apagar a la fuerza, invisibilizando todo lo pre-existente, que por cierto funciona con criterios diferentes a la lógica impuesta desde el poder.

Hoy día, se repite esta tentación de desaparecer todo lo diferente, reproduciendo un comportamiento utilizado en el Perú desde la época de Fujimori: el rechazo a la sociedad civil organizada, la incapacidad de entender y analizar sus reclamos, el engaño repetido cometido en contra de los derechos de los Pueblos Originarios reconocidos por el Estado, la utilización desmedida de las “fuerzas del orden” y la judicialización manu militari de cualquier ciudadano que se atreva a discrepar.

En estos momentos de crisis que vivimos la mejor estrategia de prevención de los conflictos sociales es actuar en forma preventiva. Es cierto que este gobierno heredó una cierta cantidad de conflictos de la gestión anterior (Conga, entre otros), pero también es evidente que no se dedicó tampoco a planificar estrategias urgentes que permitieran encarar desde sus raíces, los conflictos que se están expandiendo en todo el país.

Más de la mitad de los conflictos que tenemos son de origen medio ambientales en zonas mineras y petroleras. Exigir el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales para una explotación responsable de los recursos que pertenecen al Estado no es “asustar” a los inversionistas. Estas empresas son perfectamente conscientes de las exigencias globales vigentes e implementadas en cualquier país responsable.

De allí la urgencia de restablecer el rol mediador que le compete al Estado, institucionalizar el diálogo entre el Estado y los ciudadanos y, por cierto, defender la vida de estos ciudadanos. Esta institucionalidad incluye todos los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) que fueron desactivados por el gobierno aprista, sin explicación. El Consejo Nacional de Descentralización (CND) y el INDEPA fueron creados con el propósito de prevenir conflictos, analizar sus motivos y proponer soluciones antes de que los conflictos estallaran y se tornaran inmanejables.

El Estado creó durante el periodo 2001-2006, instancias de diálogo dentro del Ejecutivo con rango ministerial, con interlocutores que representaban a sus regiones y poblaciones indígenas, en el caso de INDEPA, y a los gobiernos regionales y locales en el caso del CND. Tal parece que hoy día este gobierno, como el anterior, tuviera pavor a la representatividad organizada de sectores de la sociedad civil. Somos el único país de la Región Andina que le teme con pasión al empoderamiento de sus pueblos originarios.

El temor es tan real que dignos representantes del partido de gobierno prefieren hablar de la reducción de la pobreza y de la inclusión social, en términos genéricos, mezclando problemáticas, grupos sociales y proyectos asistencialistas que nada tienen que ver con el grupo objetivo al cual son destinados. ¿Cuántas veces no se han encarpetado en este periodo legislativo propuestas para restablecer el INDEPA con rango ministerial o cualquier forma de representatividad indígena que no fuera invisibilizada en el sótano de algún ministerio?

Este gobierno tiene que empezar a asumir sus responsabilidades, aquellas que le hemos confiado hace menos de un año: no en vano, hemos prestado nuestro Plan de Gobierno con nuestro más preciado lema: Inclusión Social.

Hoy día, sin embargo, nos entristece leer al Sr. Ministro, Jefe del Gabinete actual, revelar un hecho preocupante: “El Gobierno no cuenta con técnicos suficientes para afrontar los conflictos” (El Comercio, Lunes 4 Junio). Sr. Ministro, le pregunto a usted: ¿Tiene alguna idea de lo que está haciendo en Palacio? Tal confesión de probada incompetencia no le da derecho a ningunear y pretender judicializar las demandas de los pueblos excluidos del crecimiento económico, y excluidos de la participación en el proceso de decisión por falta de mecanismos permanentes de diálogo con el Estado. Más que nunca, quisiera regalarle este lindo poster color azul que me entregaron hace pocos días en un debate público: “Sin diálogo ni consulta no hay inclusión: Promovamos el consenso para prevenir los conflictos sociales”. Esta es su tarea inmediata.

Desde Vancouver: La paradoja del Perú

La semana pasada, tuve la suerte de ser invitada a la Conferencia Anual de la Sociedad Americana para la Educación y la Investigación (AERA), en Vancouver, Canadá. Me gusta volver a este inmenso país, no solo por su belleza natural, sino por la manera en que su sociedad ha logrado abordar los temas sociales. En particular destaco la relación que lograron establecer los sucesivos gobiernos con sus Pueblos Originarios.

A pesar de lo mucho que falta por hacer en conciliar intereses, resulta notoria la forma de participación de los beneficios provenientes de la extracción de los recursos naturales que lograron negociar los Pueblos de este país en sus territorios. No es un desarrollo para unos; sino en beneficio de todos.

La raíz de esta nueva concepción de asumir la explotación de los recursos naturales pasa por el empoderamiento de los Pueblos Originarios de las Américas, lo que significa que ellos participen activamente de una justa y equitativa distribución de las riquezas obtenidas de la extracción de los recursos naturales en sus territorios.

No serán los Ministerios de Inclusión Social-por más que dupliquen su presupuesto- los que lograrán esta difícil tarea con el escaso presupuesto asistencialista que proponen repartir a las comunidades. Se trata aquí de lograr una auténtica participación económica y social de los Pueblos frente al proceso de extracción de sus recursos. Una asociación entre tres socios –Estado, Empresa y Comunidades- con el propósito de armonizar sus intereses y construir una paz social permanente que evite confrontación y muerte, de lo cual somos testigos a diario. Sería una forma eficiente de obtener beneficios directos para todos, sin tener que esperar la redistribución del canon que llega tarde mal y nunca a las comunidades. Y menos a las comunidades indígenas.

Durante la conferencia de Vancouver presentamos el caso de la educación intercultural en el mundo andino, y pudimos constatar que efectivamente existe en general poco interés de los Estados en la promoción de una verdadera interculturalidad. Nuestros mundos poco o nada se comunican ni comparten los diferentes puntos de vista que tienen sobre el progreso y la actividad económica deseada para lograr un bienestar colectivo.

En nada comunicamos –o no entendemos aún- los aspectos espirituales que son parte de nuestro mundo andino y son motivo de ofensas constantes por parte de las empresas y del Estado, sino ¿cómo entender cuando a través de simples decretos legislativos, se considera a la tierra, el agua, los arboles y los minerales, como simple materia inerte disponible para que cualquiera los explote?

Negar los derechos básicos de participación que los Pueblos Originarios tienen sobre la extracción de riquezas de la Pachamama es negar el meollo del problema, la esencia de lo que somos; es renunciar a ser incluyentes, a un futuro de bienestar y armonía a pesar de las cifras de nuestro crecimiento.

Pero no nos hagamos ilusiones: la actividad extractiva sólo es amigable con aquel que recoge los beneficios económicos. No crea empleos estables ni conocimientos calificados, tampoco entrega bienes sociales significativos a las comunidades donde residen. Su perspectiva es de corto plazo y de ganancias inmediatas. Es impredecible a largo plazo ya que depende de la demanda a futuro de terceros países y por cierto no es fuente de crecimiento viable a largo plazo para ningún país.

Siempre me hago la misma pregunta antes de participar en una conferencia:¿hasta cuándo tendremos los profesionales de las ciencias sociales, que exponer sobre la terrible paradoja del Perú, la cual consiste en que los más pobres y excluidos son aquellos que poseen las tierras más ricas y apetentes para los inversionistas? ¿Hasta cuándo tendremos que exhibir estadísticas que demuestran la correlación perfecta entre el ser indígena y el ser pobre? ¿Hasta cuando finalmente los Pueblos Originarios tendrán que llenar los cuartos del rescate del país en contra de sus propios intereses?

Luego de más de 5 siglos de ser un país minero, ¿acaso no podemos empezar a diversificar nuestra economía o procesar el producto de nuestra propia extracción y así propiciar la creación de empresas locales con valor agregado? ¿No será más bien una condena ser un país depositario de tantas riquezas naturales donde el desarrollo del capital humano ha sido postergado?

La semana próxima seguiremos con esta exposición desde la Universidad de Stanford en California, la cual espero poder compartir con Uds.

Avatar: ficción y realidad de los pueblos originarios

(Desde Vancouver, Canadá) Un año después de haberse estrenado la película Avatar de James Cameron -la cual vi tres veces-, conocí a su director. Ambos coincidimos en el encuentro de Pueblos Indígenas Emprendedores en New York (2010), donde mayoritariamente participaban comunidades indígenas canadienses.

Cameron me contó de sus raíces canadienses y de la forma cómo se había acercado a los pueblos indígenas de este país y de lo impactado que había quedado de su cultura, al punto que pensaba hacer un reportaje sobre ellos. Entonces entendí la cosmovisión que Cameron presenta en su película, la cual es, evidentemente, mucho más que una nueva tecnología.

A pesar de pertenecer al rubro “Películas de Ciencia Ficción”, el tema que desarrolla es el de un conflicto violento generado por la codicia de una empresa terrestre interesada en un mineral de inmenso valor.  Por desgracia, este mineral se encuentra debajo del árbol sagrado de los Na´vi, población nativa de este  planeta. ¿Acaso suena familiar?

Yo había quedado fascinada con la creación de los personajes nativos azules  y cuando le pregunté a Cameron sobre ello, me explicó de la necesidad que  tuvo de utilizar para sus propósitos el filtro de la ficción. Originalmente, Cameron planeaba hacer un reportaje, pero frente a la negativa de los potenciales financistas de Hollywood, llegó a la conclusión que lo mejor era crear una ficción con tecnología de avanzada.

Lo sorprendente del film no sólo estuvo en los efectos especiales y el éxito de taquilla que logró con el uso de esta nueva tecnología, sino en la contundente vigencia que alcanzó con el tema de fondo de la película: la explotación irracional de los recursos naturales y el respeto a las comunidades originarias.

Avatar nos presenta un conflicto de valores entre una sociedad devoradora de recursos naturales y otra “desconocida” y ridiculizada por los humanos, donde más bien rigen valores de solidaridad e interdependencia con todos los elementos de la naturaleza y espiritualidad basada en sus raíces ancestrales, representada en ese caso por el árbol donde yace el espíritu sagrado de su clan.

El árbol será destruido en la película por los humanos utilizando la fuerza bruta de su tecnología militar, haciéndonos recordar que cualquier parecido con la ficción es… ¡pura realidad!.

En el caso nuestro, esta dura realidad está marcada por el “Baguazo” del 2009.  Aquí se refleja un proceso fallido de concertación entre el Estado y las poblaciones originarias a raíz de un intento poco transparente por parte del Estado de entregar concesiones petroleras y gasíferas en territorios comunitarios nativos.

Esta lucha constante ha obligado a los Pueblos Originarios a sucesivos procesos de adaptación para sobrevivir en una sociedad violenta, obsesionada con la extracción y acumulación de riquezas. Todos somos hijos de la Tierra Madre -La Pachamama- como la denominan los Pueblos Indígenas en el Ande, pero pocos parecemos preocuparnos por su sobrevivencia. ¿Cómo hacer para conciliar hoy puntos de vista divergentes en cuanto a nuestro porvenir como sociedad? ¿Cómo hacer para que no se repitan los “baguazos”, productos de la ignorancia y la codicia insaciable del perro del hortelano?

El reglamento de la Ley del Derecho a la  Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios  publicado por el Estado el 3 de abril, es decepcionante en este sentido.  Es minimalista como instrumento de concertación y refleja poca apertura en la búsqueda de consensos entre el Estado y los Pueblos Indígenas. Hoy día más que nunca, el Estado debe privilegiar el diálogo basado en el respeto de la identidad cultural y cosmogonías diversas que tenemos la suerte de reunir en nuestro país. Solo así tendremos éxito en la construcción de una sociedad incluyente que logre incorporar sus varios puntos de vista y no solo en términos de su gastronomía, bailes y trajes.

Varias preguntas vienen a la mente en este proceso de construcción de una nueva ciudadanía que incorpore plenamente una consulta previa sobre mecanismos de extracción, inversión y redistribución de las riquezas naturales. Entre ellas está el tema de la conciliación de los intereses entre el Estado, el sector privado y las comunidades indígenas dentro de su territorialidad. En este caso, el nuevo reglamento publicado menciona que de no lograr acuerdos, el Estado, a través de su Vice Ministerio de Interculturalidad, tendrá la última palabra. ¿Será esto suficiente? ¿No se estará aquí aprovechando de un estado de debilidad institucional, cuando el INDEPA está a punto de desaparecer por falta de presupuesto e independencia frente al  Ejecutivo?

Otro tema que debemos abordar está relacionado con la presencia Indígena en el Perú y la elaboración de un censo de Pueblos Originarios. El Perú no cuenta con un censo reciente, ni con criterios consensuados de elaboración de indicadores para medir la pertenencia a un grupo étnico. Ciertamente no sabemos cómo el Estado piensa elaborar tal censo, ni tampoco como resolverá el tema del catastro territorial de cada pueblo. Esto nos llevará a las siguientes preguntas: ¿Quiénes serán los consultados en un caso de litigio?, ¿dónde empieza y termina el ser “campesino”, “indígena” o “nativo” en nuestro país?  Tantas preguntas que no hemos empezado ni siquiera a formular. Pero cualquiera de ellas necesitan de una urgente resolución frente a la posibilidad de conflictos inminentes que vivimos hoy.

Así como las escenas de Avatar nos obligan inevitablemente a cuestionar nuestros  principios de civilización, la realidad nos enseña que la comunidad de intereses de las poblaciones indígenas, la empresa privada y el Estado está hoy en pleno proceso de redefinición el cual pasa por comprender que partimos de un pecado original: el desencuentro entre dos cosmovisiones que parecen tener prioridades opuestas en temas de desarrollo.

De vuelta a clases

Después de algunos años regreso a las aulas de una universidad peruana y eso me da mucha alegría. Dictaré un curso de maestría sobre Movimientos Sociales Indígenas en el Mundo Andino, en el Programa de Estudios Andinos de la Escuela de Post Grado de la PUCP.

Mi parte del curso –que comparto con la Dra. Karen Spalding, historiadora–, la empezaré a dictar a partir de la segunda quincena de Mayo, y presentará las diversas formas de inclusión propuestas por los propios pueblos indígenas en las sociedades democráticas de hoy en América Latina.

La hipótesis central del curso plantea que esta inclusión no solo es necesaria, sino, que es un factor clave para mejorar la gobernabilidad en general y la viabilidad de nuestra democracia. Desde esta perspectiva, analizaremos variados puntos de vista y debates tanto nacionales como internacionales sobre la necesidad de implementar un nuevo tipo de ciudadanía. Una ciudadanía que acepta la diversidad cultural como una riqueza y como principio básico para la reorganización de Estados modernos multiculturales.

Con estos temas y el aporte de los alumnos esperamos fomentar el conocimiento y desarrollo de nuevas ideas y teorías para enriquecer el debate contemporáneo sobre la inclusión social de los pueblos originarios en la sociedad andina actual. Será todo un reto académico que me incentiva plenamente. Ya tendrán novedades al respecto.