Una visibilidad siempre negada

La historia de la institucionalidad indígena en nuestro país es compleja y por momentos, insólita. Refleja todavía un proceso de indecisión hacia el rol y justo lugar del ser indígena dentro de nuestra sociedad. La historia del INDEPA, reconstruida aquí a grandes rasgos, es bastante representativa de este proceso de no inclusión en el desarrollo de elaboración de políticas públicas que deberían velar por la protección y empoderamiento de una población significativa en términos demográficos dentro de nuestra nación.

Si bien los datos del censo socio-demográfico de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en el 2007, identifican a 6.5 millones de personas con identidad indígena, estos pueblos organizados son todavía tratados como si fueran minorías pasivas trasladadas, literalmente, de un sótano de un ministerio a otro. Allí encontramos el 2001 la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas (la SETAI), refundida dentro del PROMUDEH.

Esta secretaría, implementada durante el régimen fujimorista, estaba, en 1998, en el sótano del Ministerio de la Mujer. Era muy revelador y simbólico encontrar la manera cómo el Estado trataba los asuntos indígenas. En realidad, a lo largo de toda la República, no hubo una política clara de tratamiento de este tema. En 1921, una secretaría similar estaba en el Ministerio de Fomento, luego pasó al Ministerio de Salud para finalmente recaer en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Recién en 1981, se creó el Instituto Indigenista Peruano como Organismo Público Descentralizado (OPD), adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción Social.

Construir una instancia representativa con el aporte colectivo de los Pueblos no fue tarea fácil, tampoco lo fue extraerlos del sótano donde se encontraban. En el 2001, se creó la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPAA), adscrita a la PCM, como mesa de diálogo y prevención de conflictos con representación paritaria de representantes indígenas y delegados de todos los ministerios. Con el fin de lograr mayor empoderamiento y participación en los procesos de decisión del Estado, se creó en el 2005, a iniciativa y propuesta del Ejecutivo, el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), como OPD, adscrito a la PCM.

El INDEPA tenía entonces la facultad de participar de los consejos de ministros cada vez que se trataba de asuntos relacionados a su territorialidad, identidad, recursos, conocimientos, educación intercultural y salud. Pero este logro obtenido gracias a la voluntad decidida de los Pueblos y del Estado, fue de muy corta duración. Apenas instalado el gobierno aprista, el INDEPA se disolvió (por fusión y absorción) para regresar en forma irónica, al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). En el 2007, los Pueblos Indígenas y sus representantes exigieron regresar a una OPD, y presentaron su queja al Congreso. En el 2008 el INDEPA se restituyó con este estatus legal, pero como entidad adscrita otra vez al MIMDES. Desde esta fecha, el INDEPA pierde fuerza institucional y presencia dentro del aparato estatal, a tal punto que no fueron consultados durante la elaboración del centenar de leyes especiales promulgadas desde el Ejecutivo con el propósito de impulsar el proceso de concesión de tierras en la Amazonía para promover proyectos extractivos petroleros y gasíferos.

Los eventos de Bagua en el 2009, provocados en gran parte por la carencia de consulta y diálogo sobre la validez de estas leyes especiales, obligaron al Estado a volver a pensar sobre el rol del INDEPA, y en el 2010, esta entidad regresa a la PCM como Organismo Publico Técnico Especializado.

Meses después, con la creación del Ministerio de Cultura, el INDEPA dejó de existir con estas funciones y es otra vez “absorbido”, esta vez como Unidad Ejecutora, dentro del Viceministerio de Interculturalidad recién creado. Hoy día el INDEPA debería ser la entidad enlace entre el Estado y las leyes suscritas con los organismos internacionales entre otras funciones. También, debería de monitorear la implementación de la ley de consulta previa e implementar un registro/padrón de comunidades comprendidas dentro de la ley de consulta. Todas estas funciones son imposibles de realizar dentro de los recursos y capacidades que les han sido asignados.

La institucionalidad indígena es inexistente y el Estado peruano no cumple con sus obligaciones claramente tipificadas en el convenio de la OIT. El Estado moderno que aspiramos debe terminar de colocar una instancia especializada como ésta en un lugar mucho más visible que un sótano.

Eliane Karp - Antropóloga. Profesora PUCP.

FUENTE: Diario La República

Artículo publicado en el Diario La República, p.x, Lima, 14 de Junio de 2012.

Estado y conflictividad social: ¿el modelo se repite?

Existen varias formas de interpretar al “otro” en una sociedad multicultural: el “otro” en general es todo aquello que se ve o habla diferentemente de la cultura dominante. El “otro”, desde una visión colonial, es aquel ser primitivo, violento, que no entiende la bondades de la civilización traída por el colonizador. Es la voz discrepante del sistema que se trata de apagar a la fuerza, invisibilizando todo lo pre-existente, que por cierto funciona con criterios diferentes a la lógica impuesta desde el poder.

Hoy día, se repite esta tentación de desaparecer todo lo diferente, reproduciendo un comportamiento utilizado en el Perú desde la época de Fujimori: el rechazo a la sociedad civil organizada, la incapacidad de entender y analizar sus reclamos, el engaño repetido cometido en contra de los derechos de los Pueblos Originarios reconocidos por el Estado, la utilización desmedida de las “fuerzas del orden” y la judicialización manu militari de cualquier ciudadano que se atreva a discrepar.

En estos momentos de crisis que vivimos la mejor estrategia de prevención de los conflictos sociales es actuar en forma preventiva. Es cierto que este gobierno heredó una cierta cantidad de conflictos de la gestión anterior (Conga, entre otros), pero también es evidente que no se dedicó tampoco a planificar estrategias urgentes que permitieran encarar desde sus raíces, los conflictos que se están expandiendo en todo el país.

Más de la mitad de los conflictos que tenemos son de origen medio ambientales en zonas mineras y petroleras. Exigir el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales para una explotación responsable de los recursos que pertenecen al Estado no es “asustar” a los inversionistas. Estas empresas son perfectamente conscientes de las exigencias globales vigentes e implementadas en cualquier país responsable.

De allí la urgencia de restablecer el rol mediador que le compete al Estado, institucionalizar el diálogo entre el Estado y los ciudadanos y, por cierto, defender la vida de estos ciudadanos. Esta institucionalidad incluye todos los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) que fueron desactivados por el gobierno aprista, sin explicación. El Consejo Nacional de Descentralización (CND) y el INDEPA fueron creados con el propósito de prevenir conflictos, analizar sus motivos y proponer soluciones antes de que los conflictos estallaran y se tornaran inmanejables.

El Estado creó durante el periodo 2001-2006, instancias de diálogo dentro del Ejecutivo con rango ministerial, con interlocutores que representaban a sus regiones y poblaciones indígenas, en el caso de INDEPA, y a los gobiernos regionales y locales en el caso del CND. Tal parece que hoy día este gobierno, como el anterior, tuviera pavor a la representatividad organizada de sectores de la sociedad civil. Somos el único país de la Región Andina que le teme con pasión al empoderamiento de sus pueblos originarios.

El temor es tan real que dignos representantes del partido de gobierno prefieren hablar de la reducción de la pobreza y de la inclusión social, en términos genéricos, mezclando problemáticas, grupos sociales y proyectos asistencialistas que nada tienen que ver con el grupo objetivo al cual son destinados. ¿Cuántas veces no se han encarpetado en este periodo legislativo propuestas para restablecer el INDEPA con rango ministerial o cualquier forma de representatividad indígena que no fuera invisibilizada en el sótano de algún ministerio?

Este gobierno tiene que empezar a asumir sus responsabilidades, aquellas que le hemos confiado hace menos de un año: no en vano, hemos prestado nuestro Plan de Gobierno con nuestro más preciado lema: Inclusión Social.

Hoy día, sin embargo, nos entristece leer al Sr. Ministro, Jefe del Gabinete actual, revelar un hecho preocupante: “El Gobierno no cuenta con técnicos suficientes para afrontar los conflictos” (El Comercio, Lunes 4 Junio). Sr. Ministro, le pregunto a usted: ¿Tiene alguna idea de lo que está haciendo en Palacio? Tal confesión de probada incompetencia no le da derecho a ningunear y pretender judicializar las demandas de los pueblos excluidos del crecimiento económico, y excluidos de la participación en el proceso de decisión por falta de mecanismos permanentes de diálogo con el Estado. Más que nunca, quisiera regalarle este lindo poster color azul que me entregaron hace pocos días en un debate público: “Sin diálogo ni consulta no hay inclusión: Promovamos el consenso para prevenir los conflictos sociales”. Esta es su tarea inmediata.

Yo recuerdo Bagua

Ayer compartimos un interesante debate en la PUCP organizado por la revista Anthropia. Con el título "3 años después, yo recuerdo Bagua", repasamos con cinco especialistas en el tema amazónico, los tristes eventos de Bagua provocados por el pensamiento etnocentrista del perro del hortelano.

Es importante entender que la violencia vivida en Bagua fue generada por el mismo Estado y Gobierno de turno desde 2008. Los decretos especiales producidos por el Ejecutivo en aquella época, fueron totalmente innecesarios y arbitrarios. Probablemente inconstitucionales también y tendrán que ser juzgados por especialistas en derecho constitucional.

La producción repentina de aproximadamente 100 decretos especiales, no consultados ni aprobados por el Congreso, solo sirvieron para pretender validar la puesta en venta de la casi totalidad de la Amazonía.

Este cuerpo de leyes estaba destinado a "promover" una cantidad enorme de licitaciones para exploraciones petroleras y gasíferas en territorios ya ocupados principalmente por los Pueblos Originarios, a los cuales el Perro del Hortelano se refirió como "ciudadanos de segunda categoría".

No nos olvidemos nunca que el gran provocador de este desastre y falta de comunicación -a pesar de que el Estado Peruano ratifico el convenio OIT 169 desde 1994- fue el gobierno de turno, al privilegiar sus propios intereses y de las empresas, por encima de aquellos de los ciudadanos peruanos originarios. ¿No estará este Gobierno de la supuesta "gran transformación" repitiendo exactamente el mismo error?