Existen varias formas de interpretar al “otro” en una sociedad multicultural: el “otro” en general es todo aquello que se ve o habla diferentemente de la cultura dominante. El “otro”, desde una visión colonial, es aquel ser primitivo, violento, que no entiende la bondades de la civilización traída por el colonizador. Es la voz discrepante del sistema que se trata de apagar a la fuerza, invisibilizando todo lo pre-existente, que por cierto funciona con criterios diferentes a la lógica impuesta desde el poder.
Hoy día, se repite esta tentación de desaparecer todo lo diferente, reproduciendo un comportamiento utilizado en el Perú desde la época de Fujimori: el rechazo a la sociedad civil organizada, la incapacidad de entender y analizar sus reclamos, el engaño repetido cometido en contra de los derechos de los Pueblos Originarios reconocidos por el Estado, la utilización desmedida de las “fuerzas del orden” y la judicialización manu militari de cualquier ciudadano que se atreva a discrepar.
En estos momentos de crisis que vivimos la mejor estrategia de prevención de los conflictos sociales es actuar en forma preventiva. Es cierto que este gobierno heredó una cierta cantidad de conflictos de la gestión anterior (Conga, entre otros), pero también es evidente que no se dedicó tampoco a planificar estrategias urgentes que permitieran encarar desde sus raíces, los conflictos que se están expandiendo en todo el país.
Más de la mitad de los conflictos que tenemos son de origen medio ambientales en zonas mineras y petroleras. Exigir el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales para una explotación responsable de los recursos que pertenecen al Estado no es “asustar” a los inversionistas. Estas empresas son perfectamente conscientes de las exigencias globales vigentes e implementadas en cualquier país responsable.
De allí la urgencia de restablecer el rol mediador que le compete al Estado, institucionalizar el diálogo entre el Estado y los ciudadanos y, por cierto, defender la vida de estos ciudadanos. Esta institucionalidad incluye todos los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) que fueron desactivados por el gobierno aprista, sin explicación. El Consejo Nacional de Descentralización (CND) y el INDEPA fueron creados con el propósito de prevenir conflictos, analizar sus motivos y proponer soluciones antes de que los conflictos estallaran y se tornaran inmanejables.
El Estado creó durante el periodo 2001-2006, instancias de diálogo dentro del Ejecutivo con rango ministerial, con interlocutores que representaban a sus regiones y poblaciones indígenas, en el caso de INDEPA, y a los gobiernos regionales y locales en el caso del CND. Tal parece que hoy día este gobierno, como el anterior, tuviera pavor a la representatividad organizada de sectores de la sociedad civil. Somos el único país de la Región Andina que le teme con pasión al empoderamiento de sus pueblos originarios.
El temor es tan real que dignos representantes del partido de gobierno prefieren hablar de la reducción de la pobreza y de la inclusión social, en términos genéricos, mezclando problemáticas, grupos sociales y proyectos asistencialistas que nada tienen que ver con el grupo objetivo al cual son destinados. ¿Cuántas veces no se han encarpetado en este periodo legislativo propuestas para restablecer el INDEPA con rango ministerial o cualquier forma de representatividad indígena que no fuera invisibilizada en el sótano de algún ministerio?
Este gobierno tiene que empezar a asumir sus responsabilidades, aquellas que le hemos confiado hace menos de un año: no en vano, hemos prestado nuestro Plan de Gobierno con nuestro más preciado lema: Inclusión Social.
Hoy día, sin embargo, nos entristece leer al Sr. Ministro, Jefe del Gabinete actual, revelar un hecho preocupante: “El Gobierno no cuenta con técnicos suficientes para afrontar los conflictos” (El Comercio, Lunes 4 Junio). Sr. Ministro, le pregunto a usted: ¿Tiene alguna idea de lo que está haciendo en Palacio? Tal confesión de probada incompetencia no le da derecho a ningunear y pretender judicializar las demandas de los pueblos excluidos del crecimiento económico, y excluidos de la participación en el proceso de decisión por falta de mecanismos permanentes de diálogo con el Estado. Más que nunca, quisiera regalarle este lindo poster color azul que me entregaron hace pocos días en un debate público: “Sin diálogo ni consulta no hay inclusión: Promovamos el consenso para prevenir los conflictos sociales”. Esta es su tarea inmediata.
Es verdad, una solución previa la podrían haber caracterizado la prevención de conflictos; sin embargo, existe una programa de prevención de conflictos de la PCM, que no sirve de nada. Y es que un mejor trabajo lo realiza la Defensoría del Pueblo.
ResponderEliminarPresento tres razones por las que no se llega a alguna solución de los conflictos:
1. La irreverencia y poca cultura de los miembros del Ejecutivo, que obstinados y en una posición cegada y tonta privilegian sus intereses al bien común.
2. Dejar de lado la representatividad, de los grupos y actores y negar su legitimidad; y también soslayar a las instituciones creadas como el CND e INDEPA que son medios que sirven canalizar las demandas de los grupos menos favorecidos.
3. A un problema estructural, de normatividad que que privilegia a capitales extranjeros en detrimento de la población e incluso del medio ambiente. En este caso, me refiero a la Constitución Política del 93 y en que trata de legitimar los abusos y los discursos pro mineros el gobierno.