Una visibilidad siempre negada

La historia de la institucionalidad indígena en nuestro país es compleja y por momentos, insólita. Refleja todavía un proceso de indecisión hacia el rol y justo lugar del ser indígena dentro de nuestra sociedad. La historia del INDEPA, reconstruida aquí a grandes rasgos, es bastante representativa de este proceso de no inclusión en el desarrollo de elaboración de políticas públicas que deberían velar por la protección y empoderamiento de una población significativa en términos demográficos dentro de nuestra nación.

Si bien los datos del censo socio-demográfico de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en el 2007, identifican a 6.5 millones de personas con identidad indígena, estos pueblos organizados son todavía tratados como si fueran minorías pasivas trasladadas, literalmente, de un sótano de un ministerio a otro. Allí encontramos el 2001 la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas (la SETAI), refundida dentro del PROMUDEH.

Esta secretaría, implementada durante el régimen fujimorista, estaba, en 1998, en el sótano del Ministerio de la Mujer. Era muy revelador y simbólico encontrar la manera cómo el Estado trataba los asuntos indígenas. En realidad, a lo largo de toda la República, no hubo una política clara de tratamiento de este tema. En 1921, una secretaría similar estaba en el Ministerio de Fomento, luego pasó al Ministerio de Salud para finalmente recaer en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Recién en 1981, se creó el Instituto Indigenista Peruano como Organismo Público Descentralizado (OPD), adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción Social.

Construir una instancia representativa con el aporte colectivo de los Pueblos no fue tarea fácil, tampoco lo fue extraerlos del sótano donde se encontraban. En el 2001, se creó la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPAA), adscrita a la PCM, como mesa de diálogo y prevención de conflictos con representación paritaria de representantes indígenas y delegados de todos los ministerios. Con el fin de lograr mayor empoderamiento y participación en los procesos de decisión del Estado, se creó en el 2005, a iniciativa y propuesta del Ejecutivo, el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), como OPD, adscrito a la PCM.

El INDEPA tenía entonces la facultad de participar de los consejos de ministros cada vez que se trataba de asuntos relacionados a su territorialidad, identidad, recursos, conocimientos, educación intercultural y salud. Pero este logro obtenido gracias a la voluntad decidida de los Pueblos y del Estado, fue de muy corta duración. Apenas instalado el gobierno aprista, el INDEPA se disolvió (por fusión y absorción) para regresar en forma irónica, al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). En el 2007, los Pueblos Indígenas y sus representantes exigieron regresar a una OPD, y presentaron su queja al Congreso. En el 2008 el INDEPA se restituyó con este estatus legal, pero como entidad adscrita otra vez al MIMDES. Desde esta fecha, el INDEPA pierde fuerza institucional y presencia dentro del aparato estatal, a tal punto que no fueron consultados durante la elaboración del centenar de leyes especiales promulgadas desde el Ejecutivo con el propósito de impulsar el proceso de concesión de tierras en la Amazonía para promover proyectos extractivos petroleros y gasíferos.

Los eventos de Bagua en el 2009, provocados en gran parte por la carencia de consulta y diálogo sobre la validez de estas leyes especiales, obligaron al Estado a volver a pensar sobre el rol del INDEPA, y en el 2010, esta entidad regresa a la PCM como Organismo Publico Técnico Especializado.

Meses después, con la creación del Ministerio de Cultura, el INDEPA dejó de existir con estas funciones y es otra vez “absorbido”, esta vez como Unidad Ejecutora, dentro del Viceministerio de Interculturalidad recién creado. Hoy día el INDEPA debería ser la entidad enlace entre el Estado y las leyes suscritas con los organismos internacionales entre otras funciones. También, debería de monitorear la implementación de la ley de consulta previa e implementar un registro/padrón de comunidades comprendidas dentro de la ley de consulta. Todas estas funciones son imposibles de realizar dentro de los recursos y capacidades que les han sido asignados.

La institucionalidad indígena es inexistente y el Estado peruano no cumple con sus obligaciones claramente tipificadas en el convenio de la OIT. El Estado moderno que aspiramos debe terminar de colocar una instancia especializada como ésta en un lugar mucho más visible que un sótano.

Eliane Karp - Antropóloga. Profesora PUCP.

FUENTE: Diario La República

Artículo publicado en el Diario La República, p.x, Lima, 14 de Junio de 2012.